Armando de la Garza
La declaración de Miguel Torruco Marqués sobre la eliminación del fuero constitucional (artículo 111) toca uno de los debates históricos más sensibles y recurrentes en la política mexicana: el equilibrio entre la protección de la función pública y la exigencia de rendición de cuentas.
Para analizar esta postura con objetividad, vale la pena desglosar los puntos clave de este debate:
1. Los argumentos a favor: Justicia e igualdad ante la ley
Fin de la impunidad: El principal reclamo ciudadano histórico es que la figura del fuero —diseñada originalmente para proteger a los legisladores y funcionarios de persecuciones políticas arbitrarias— se convirtió en un escudo de protección para actos de corrupción y desvío de recursos.
Principio de igualdad: La premisa democrática de que «la ley es para todos» se debilita cuando un servidor público de alto nivel goza de un procedimiento especial (el desafuero) antes de ser investigado o juzgado por delitos del fuero común o federal.
Legitimidad institucional: Eliminar privilegios percibidos como abusivos fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en quienes las representan.
2. Los riesgos y desafíos: Gobernabilidad y persecución política
Riesgo de judicialización de la política: Quienes defienden la permanencia de salvaguardas legales argumentan que, sin una protección adecuada, el Poder Judicial o los ministerios públicos podrían ser utilizados por gobiernos en turno para fabricar delitos, intimidar o inhabilitar a opositores incómodos.
Estabilidad institucional: Se señala que los funcionarios expuestos a denuncias constantes y frívolas podrían ver obstaculizada su labor legislativa o administrativa, afectando la gobernabilidad.
El diseño de la reforma: El reto técnico y constitucional radica en cómo eliminar el fuero para evitar la impunidad sin abrir la puerta a la vulnerabilidad sistémica de los poderes del Estado frente a presiones políticas o partidistas.
Conclusión
El planteamiento de que “saquear el erario es robarle bienestar al pueblo” resuena con fuerza en el electorado mexicano, donde la corrupción ha sido históricamente uno de los principales agravios sociales.
Sin embargo, más allá de la retórica política, el éxito de una medida de esta magnitud no depende solo de retirar una protección constitucional, sino de garantizar fiscalías autónomas, un Poder Judicial imparcial y contrapesos sólidos que aseguren que la justicia se aplique de manera imparcial, sin convertirse en un instrumento de revancha política.
