Voz Ciudadana
SALTILLO, COAHUILA. – Un grupo de empresarios coahuilenses ha formalizado una serie de denuncias penales en contra de las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, específicamente Banco Azteca y Elektra, acusándolas de incurrir en prácticas de cobranza ilegal y extorsión.
La denuncia pública fue encabezada por Armando de la Garza, reconocido líder empresarial en el estado, quien señaló que estas instituciones han sobrepasado los límites legales al presionar a socios comerciales y figuras del sector privado que no guardan relación alguna con las deudas reclamadas.
Acoso y «Extorsión Telefónica»
Según lo expuesto por los afectados, el modus operandi de las empresas de Grupo Salinas consiste en el hostigamiento sistemático a través de llamadas telefónicas y tácticas de presión.
Los empresarios denuncian que, incluso tras haber comprobado legalmente que no son deudores ni están vinculados a los créditos en cuestión, las agresiones verbales y el acoso persisten.
Han abusado al extorsionar a empresarios con prácticas ilegales. Están presionando a socios que ya demostraron no tener vínculos con sus deudores, pero proceden con técnicas de cobranza telefónica que caen directamente en la ilegalidad», declaró Armando de la Garza.
Inicio de Acciones Penales
Ante la falta de respuesta por parte de los canales de atención al cliente de las empresas señaladas, los líderes del sector privado en Coahuila han decidido llevar el caso ante las autoridades judiciales.
El señalamiento: Abuso sistemático y extorsión.
La acción: Presentación de denuncias penales contra las razones sociales que integran el brazo financiero de Ricardo Salinas Pliego.
El objetivo: Cese inmediato del acoso y establecimiento de un precedente legal contra estas prácticas de cobranza coercitiva.
Un llamado a la autoridad
Este conflicto pone bajo la lupa la ética de las instituciones financieras del grupo, las cuales ya han enfrentado críticas a nivel nacional por sus métodos de recuperación de cartera.
Los empresarios de Coahuila hicieron un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Fiscalía del Estado para que intervengan de manera expedita.
