Voz Ciudadana

El gobierno de Nicolás Maduro ha tomado la drástica decisión de reducir la jornada laboral del sector público a solo tres días a la semana, sumando un total de 13.5 horas semanales, como parte de sus esfuerzos para enfrentar la profunda crisis energética que afecta al país. Esta medida busca mitigar los efectos de un sistema eléctrico que, según expertos, opera a solo un 20% de su capacidad.
La crisis energética en Venezuela ha llevado a constantes cortes de electricidad, lo que ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre la población. Óscar Murillo, director de la ONG Provea, advirtió que el panorama actual exige racionamiento en el consumo eléctrico, afectando tanto a hogares como a empresas. «Las inversiones en plantas eléctricas han sido insuficientes y, lamentablemente, la corrupción ha minado los esfuerzos por mejorar la infraestructura», afirmó Murillo.
La situación se ha tornado crítica, y muchos ciudadanos se ven obligados a adaptarse a horarios irregulares y a encontrar alternativas para afrontar la escasez de energía. Las escuelas y hospitales también se ven impactados, lo que pone en riesgo el acceso a la educación y la atención médica.
El gobierno, por su parte, ha justificado la medida como necesaria para preservar la energía disponible y garantizar el funcionamiento mínimo de servicios esenciales. Sin embargo, la percepción de ineficiencia y falta de transparencia en la gestión de recursos ha exacerbado la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Los analistas advierten que, sin una solución sostenible que incluya la inversión en infraestructura y la lucha contra la corrupción, la crisis energética podría prolongarse, afectando aún más la calidad de vida de los venezolanos. Mientras tanto, la reducción de la jornada laboral podría ser solo un paliativo temporal en un escenario que demanda respuestas más contundentes y efectivas.
Con esta nueva medida, el gobierno busca no solo enfrentar la emergencia actual, sino también aliviar la presión social que se ha acumulado durante años de inestabilidad económica y política. La pregunta que queda en el aire es si estas acciones serán suficientes para revertir la tendencia de colapso energético que ha marcado la historia reciente de Venezuela.