Armando de la Garza
La migración es un tema candente, la reintegración laboral de migrantes deportados enfrenta serios obstáculos. Empresarios de diversas industrias han expresado su preocupación por la imposibilidad de dar de alta a estos trabajadores en el seguro social, lo que genera incertidumbre y riesgos tanto para ellos como para las empresas.
La falta de acceso a prestaciones básicas, como el seguro social, se convierte en un impedimento significativo. En caso de un accidente o enfermedad, las implicaciones legales y financieras pueden ser devastadoras para las empresas que contratan a migrantes deportados.
No podemos arriesgarnos a enfrentar problemas legales; necesitamos asegurar la salud y el bienestar de todos los empleados», sobre todo del sector de la construcción y otros que implican riesgo laboral
Además de la cuestión del seguro, la falta de arraigo laboral también es un factor determinante. En un entorno donde la estabilidad en el empleo es clave, los empresarios buscan trabajadores que se comprometan a largo plazo. «Los empleos temporales son una opción, pero en general, preferimos empleados que se queden con nosotros y crezcan en la empresa»
La situación se complica aún más por el contexto de la vivienda, ya que muchos migrantes deportados carecen de un lugar estable donde residir, lo que dificulta su capacidad para mantener un empleo. «La inestabilidad en la vivienda se traduce en inestabilidad laboral. Necesitamos empleados que puedan llegar a trabajar de manera constante»
A pesar de estas barreras, algunos empresarios están explorando alternativas y programas de apoyo que puedan facilitar la reintegración de estos trabajadores. Sin embargo, la falta de políticas públicas claras y efectivas sigue siendo un gran obstáculo.
Aunque los migrantes deportados representan una fuerza laboral potencial, las dificultades asociadas con la falta de seguro social y el arraigo laboral limitan significativamente su capacidad para integrarse al mercado laboral. Para avanzar en esta problemática, es crucial que se implementen políticas que favorezcan la inclusión y protejan tanto a los trabajadores como a las empresas.
